Editorial de Carlos Cuesta | Cronología de un golpe: así asaltan la Justicia

Hay momentos en la vida institucional de un país en los que los hechos dejan de ser episodios aislados para convertirse en una secuencia reconocible. Una cadena. Un patrón. Y cuando ese patrón afecta al sistema judicial, lo que está en juego ya no es una discusión política más, sino la arquitectura misma del Estado de derecho.

Este editorial no nace de una intuición ni de un arrebato. Nace de la observación prolongada de una serie de movimientos que, analizados en conjunto, dibujan lo que algunos prefieren no nombrar y otros rechazan incluso discutir: una cronología de intervenciones, presiones y reconfiguraciones que afectan al poder judicial desde distintos frentes.

No hablamos de una ruptura abrupta. Hablamos de algo más sofisticado: una erosión gradual.

El primer paso: la deslegitimación del árbitro

Toda estrategia de control institucional comienza por una idea sencilla: si consigues que el árbitro deje de ser percibido como neutral, ya has ganado parte del partido.

En el caso de la Justicia, esto se traduce en un discurso recurrente: jueces politizados, tribunales ideologizados, resoluciones contaminadas por intereses ajenos al Derecho. No importa si los casos concretos lo sostienen o no en su totalidad; lo relevante es la repetición del mensaje.

La repetición construye percepción. Y la percepción, con el tiempo, sustituye a los hechos en el imaginario colectivo.

Cuando una parte del sistema político insiste de forma constante en que la Justicia “no es neutral”, lo que está haciendo no es solo crítica institucional. Está erosionando la confianza en el propio sistema que debería servir de contrapeso.

El segundo paso: la reforma como herramienta de poder

Una vez debilitada la percepción de neutralidad, el siguiente movimiento es estructural: la reforma.

Las reformas judiciales son necesarias en cualquier democracia. El problema no es reformar, sino cómo, cuándo y con qué objetivo.

Cuando los cambios afectan a la forma de designar órganos de gobierno judicial, a la composición de los órganos de control o a la relación entre poderes del Estado, ya no estamos ante ajustes técnicos. Estamos ante decisiones de arquitectura institucional.

El debate no es teórico. Es práctico: ¿quién elige a los que eligen a los jueces? ¿Y qué incentivos tienen esos elegidos?

En ese punto, la línea entre modernización y control se vuelve peligrosamente fina.

El tercer paso: la captura del relato

Ningún proceso de transformación institucional se consolida sin una narrativa que lo sostenga.

El relato es clave. Sin relato, no hay legitimidad social.

Se construye entonces una explicación simplificada: la Justicia necesita ser “democratizada”, “acercada a la sociedad”, “liberada de corporativismos”. Son conceptos que, en apariencia, resultan positivos. ¿Quién podría estar en contra de democratizar o acercar?

El problema aparece cuando estos conceptos se utilizan para justificar intervenciones que afectan a la independencia judicial.

Porque la independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es una garantía del ciudadano.

El cuarto paso: la presión indirecta

No todas las intervenciones son explícitas. De hecho, las más eficaces no lo son.

La presión indirecta se ejerce a través de múltiples canales: declaraciones políticas, filtraciones, interpretaciones mediáticas, cuestionamientos públicos de resoluciones judiciales concretas.

El resultado no es inmediato, pero sí acumulativo.

El juez o tribunal no actúa en el vacío. Actúa en un entorno donde cada decisión puede ser analizada, reinterpretada o instrumentalizada políticamente.

Y cuando ese entorno se vuelve hostil o permanentemente vigilante, la independencia deja de ser solo una garantía legal para convertirse en un desafío cotidiano.

El quinto paso: la fragmentación del poder judicial

Un poder judicial fuerte es un poder judicial cohesionado en su independencia. Un poder judicial debilitado es aquel que empieza a percibirse a sí mismo dividido.

Las divisiones internas no son nuevas ni necesariamente negativas. El problema aparece cuando esas divisiones coinciden sospechosamente con líneas de presión externas.

Cuando los órganos de gobierno del poder judicial entran en bloqueos prolongados, cuando los nombramientos se politizan hasta el extremo o cuando la renovación de instituciones clave se convierte en un campo de batalla, el sistema pierde estabilidad.

Y un sistema inestable es más vulnerable a la influencia externa.

El papel de la opinión pública

La opinión pública no es un actor pasivo. Es un elemento activo del sistema.

Pero la opinión pública no se construye sola. Se construye a través de información, análisis y, en ocasiones, relatos interesados.

Cuando el ciudadano medio percibe que la Justicia es un campo de batalla político, deja de verla como un árbitro y empieza a verla como un jugador más.

Ese cambio es sutil, pero devastador.

Porque sin confianza en el árbitro, no hay partido posible.

La cronología del desgaste

Si uno observa los últimos años con distancia, puede identificar una secuencia:

Ninguno de estos elementos, por separado, constituye necesariamente un problema estructural. El problema aparece cuando todos ellos actúan simultáneamente y en la misma dirección.

El riesgo real: la normalización

El mayor peligro de cualquier proceso de erosión institucional no es su intensidad, sino su normalización.

Lo que hoy genera alarma, mañana puede ser percibido como habitual. Lo que hoy se considera excepcional, mañana puede formar parte del funcionamiento ordinario del sistema.

Y cuando algo se normaliza, deja de ser cuestionado.

Ahí reside el verdadero riesgo.

Justicia y poder: una tensión permanente

Es importante no caer en ingenuidades. La relación entre Justicia y poder político siempre ha sido tensa. No existe sistema democrático en el que esta tensión no exista.

La cuestión no es eliminarla —eso es imposible—, sino mantenerla dentro de límites que garanticen la independencia efectiva de los tribunales.

Cuando esa tensión se desequilibra, el sistema deja de ser un contrapeso y se convierte en una herramienta.

La pregunta incómoda

La pregunta no es si existe influencia política en la Justicia. La pregunta es hasta qué punto esa influencia está institucionalizada, tolerada o incluso promovida.

Y esa pregunta es incómoda porque no tiene una respuesta sencilla.

Pero ignorarla no la hace desaparecer.

El papel de las instituciones

Las instituciones no se defienden solas. Se defienden con normas, pero también con cultura institucional.

Cuando la cultura institucional se debilita, las normas pierden eficacia.

La independencia judicial no depende solo de leyes escritas. Depende también de la voluntad política de respetarlas y de la capacidad del sistema para resistir presiones externas.

Conclusión: no hay atajos en la democracia

La cronología que aquí se describe no es un relato cerrado ni una sentencia definitiva. Es una advertencia.

Las democracias no suelen caer de golpe. Se desgastan.

Y ese desgaste suele empezar en los lugares menos visibles: en los procedimientos, en los nombramientos, en los discursos repetidos, en las percepciones que se consolidan poco a poco.

La Justicia es el último muro de defensa del ciudadano frente al poder. Si ese muro se debilita, todo lo demás se vuelve frágil.

Por eso este debate no es técnico. Es esencial.

Y por eso merece ser discutido sin complejos, sin miedo y sin reducirlo a consignas.

Porque cuando la Justicia deja de ser percibida como independiente, lo que se debilita no es una institución. Es la democracia misma.